La convocatoria al congreso 2023 se desarrollará del 3 al 5 de octubre. Está firmada por los máximos dirigentes del partido, Evo Morales y Gerardo García, pero con más del 90% de restricción en la participación de los sectores sociales, esencia del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).
Dicho evento vulnera los artículos 10 y 13 del estatuto del partido azul, que hacen referencia al reconocimiento de los tres entes matrices y al consenso que debe primar para convocar a un congreso.
Los tres entes son la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa (CNMCIOB) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB).
Las tres organizaciones hacen el Pacto de Unidad, la mayor alianza de sectores sociales del país, que ayer se pronunciaron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para exigir que anule el congreso convocado por Evo Morales.
“Exigimos al TSE que haga respetar la ley vigente, los derechos vulnerados de las organizaciones sociales, porque nosotros no vamos a permitir que nos excluyan a quienes hemos fundado el Instrumento Político”, dijo el máximo ejecutivo de la CSUTCB y del Pacto de Unidad, Lucio Quispe.
El secretario general de la CSUTCB, Mario Seña, de la nación quechua, explicó que se solicitó al TSE que “no dé curso a este congreso porque no respetó la base orgánica del estatuto del MAS”.
La máxima ejecutiva de las ‘Bartolinas’, Guillermina Kuno, lamentó el accionar de Morales por negar “a las madres del Instrumento Político”, como son las organizaciones sociales, dueñas del movimiento y del Proceso de Cambio.
Se prevé que, con menos delegados, el evento no podrá compararse con el celebrado en 2016, cuando hubo mayor participación de las organizaciones sociales.
